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Orihuela
(Alicante) - 19 enero 2010 - Orihuela Digital
- El Grupo
de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete, en la
Operación 'MI TIERRA', ha desmantelado
una red organizada que se dedicaba a la explotación laboral
de ciudadanos extranjeros. Sus
actividades se extendían a las provincias de Albacete,
Murcia, Alicante, Almería y Granada, y entre otros puntos
tenía ramificaciones en Orihuela y Albatera (Alicante).
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La citada red se dedicaba a favorecer la inmigración
ilegal, mediante la comisión de delitos Contra los
Derechos de los Trabajadores, Contra los Derechos de
los Ciudadanos Extranjeros, amenazas, coacciones,
extorsión y Contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social.
La investigación se inició a finales del mes de
enero del año 2008, como consecuencia de una
información proporcionada por una de las víctimas de
la red, de nacionalidad extranjera, la cual
trabajaba en un Locutorio situado en la provincia de
Albacete, encontrándose en situación ilegal en
España, careciendo de contrato de trabajo y sin
estar dada de alta en la Seguridad Social. El jefe
de la red se aprovechaba de las referida situación
de necesidad y precariedad económica de la víctima,
así como de su situación irregular en España, para
imponerle condiciones laborales indignas,
suprimiéndole todo tipo de derechos reconocidos por
disposiciones legales del ámbito laboral.
Investigaciones realizadas a partir de dicha
denuncia, permitieron determinar que no se trataba
de un hecho puntual, sino que existía una red
organizada que se dedicaba de forma habitual a tales
prácticas delictivas.
Modus operandi de la red
desmantelada
- Captación de extranjeros en situación irregular en
lugares donde radican importantes bolsas de
inmigrantes (zona de Murcia, principalmente).
- Utilización de los mismos en establecimientos tipo
“Locutorio” en condiciones laborales abusivas.
- Desarrollo de un período de aprendizaje en un
Locutorio de Albacete capital, en lo que se refiere
al desarrollo de labores en Locutorios y
establecimientos similares. Durante dicho período no
se formalizaba ningún tipo de contrato laboral.
- Traslado tras dicho período de aprendizaje hasta
los establecimientos donde iban a desempeñar
finalmente su trabajo, lugares estos que no eran de
elección voluntaria por parte de los referidos
trabajadores.
- Ubicación de los trabajadores en pisos alquilados
por la organización, para un mejor control de los
mismos.
- Utilización de personas para el control personal
de los trabajadores en los diferentes
establecimientos, así como control de sus
actividades a través de cámaras de vigilancia que se
encontraban instaladas en los Locutorios y que se
controlaban de forma remota desde la oficina
central.
- Imposición de condiciones laborales ilegales
(ausencia de días de descanso y de vacaciones, no
cobertura médica y de la Seguridad Social, sueldos
mínimos, realización de horas extras sin recibir
prestación económica, procedimientos
intimidatorios), abusando de la situación de
necesidad de los empleados.
- Traslados forzosos entre establecimientos, al
objeto de eludir posibles inspecciones de trabajo,
aconsejando la utilización de otras identidades y
otros subterfugios para eludir los controles.
- Utilización de un importante entramado de empresas
(25), con objetos sociales variados, así como
existencia de numerosas sedes o delegaciones de las
empresas registradas mercantilmente, todas ellas
bajo un mismo CIF.
Hasta tal punto llegaba la actitud intimidatoria y
abusiva hacia los trabajadores que cuando no
cuadraba la caja o alguien se marchaba sin pagar del
Locutorio, o algún cliente rompía o estropeaba algo
del establecimiento, les descontaban de su salario
dicho importe, llegando incluso en varias ocasiones,
tras haber sido víctimas de robos tanto mediante
fuerza o al ser atracados, les obligaban a reponer,
mes a mes, descontándoles del salario, las
cantidades sustraídas, como si ellos fueran los
culpables de haber sido víctimas de los robos
Incluso, a los pocos que formalizaban contrato
de trabajo, les impedían regresar de vacaciones a su
país, bajo la amenaza de que serían despedidos al
volver a España. |
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Otra de las
actividades detectadas de forma habitual a esta organización
consistía en la contratación ficticia de trabajadores,
siempre extranjeros, a los cuales se daba de Alta en la
Seguridad Social, sin trabajar de manera real en la empresa,
para que completaran determinados períodos de cotización que
les faltaban para cobrar prestaciones de desempleo, a cambio
de pagar a la empresa la cantidad que ésta abonaba a la
Seguridad Social aumentada en su importe, para la obtención
del beneficio correspondiente, defraudando a la Seguridad
Social.
Tras casi dos años de investigación, el pasado mes de
noviembre se llevó a cabo la fase de explotación de la
Operación, en la que participaron, además de la totalidad de
los componentes del Grupo de Información (GIC), varios
miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), y
personal perteneciente a Áreas y Equipos de Investigación de
Unidades Territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil
de Albacete.
En la fase de ejecución de la operación, se llevaron a cabo
inspecciones en los establecimientos dirigidos por la red,
un total de 38 locales tipo Locutorio o similar, desplegados
en las provincias de Murcia (29 de ellos, situados en las
localidades de Torre-Pacheco, Totana, Alhama, Cartagena,
Yecla, Lorca, Fuente Álamo, Jumilla, Puerto Lumbreras,
Molina de Segura, Santomera, Torres de Cotillas y Murcia
capital), Alicante (4 de ellos, situados en las localidades
de Albatera, Elche, Elda y Orihuela), Albacete (3 de ellos,
en las localidades de Hellín, Almansa y Albacete capital),
Almería (1 de ellos, situado en la localidad de Pulpí) y
Granada (1 de ellos, en la localidad de Baza).
Se procedió a la toma de manifestación de los trabajadores
de los referidos establecimientos (alrededor de 80 personas)
en relación con su situación laboral, todos ellos
extranjeros (ecuatorianos, bolivianos, colombianos, rumanos
y marroquís), así como a otras personas relacionadas con la
investigación, los cuales pusieron de manifiesto su precaria
situación laboral, careciendo muchos de ellos de contrato de
trabajo, llevándose a efecto incluso la detención por
infracción a la Ley de Extranjería de una persona, por
encontrarse irregularmente en España.
La Operación culminó con la detención en la localidad de
Torrepacheco (Murcia), donde tenían su sede central, de dos
de los cabecillas de la red, imputándose a uno de ellos, que
actuaba como empresario, como supuesto autor de un delito
continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, 76
delitos contra los derechos de los trabajadores, 5 delitos
de extorsión y 4 delitos de coacciones y a la otra persona
detenida, que actuaba como “jefe de personal”, como supuesto
autor de un delito continuado de favorecimiento de la
inmigración ilegal, un delito de allanamiento de morada, 3
delitos de extorsión y un delito de coacciones.
La investigación económico-patrimonial realizada por Unidad
actuante, sobre las actividades económicas de la red,
permitirá imputar a los detenidos la comisión de delitos
Contra la Hacienda Pública, Contra la Seguridad Social y
otros delitos contables.
La labor realizada por el Grupo de Información (GIC) de la
Comandancia de Albacete, ha permitido desmantelar la red
investigada, dedicada a favorecer la inmigración ilegal y
que, aprovechándose de la precaria situación social y
económica de algunos ciudadanos extranjeros en nuestro país,
les imponían todo tipo de condiciones abusivas, menoscabando
sus derechos laborales básicos e irrenunciables, de manera
intimidatoria.
El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete
instruyó las correspondientes diligencias que junto con los
detenidos fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº
2 de los de San Javier (Murcia), el cual se hizo cargo del
procedimiento tras inhibición del Juzgado de Instrucción Nº
2 de los de Almansa (Albacete), que conoció de la denuncia
inicial.
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